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Un informe elaborado por los sindicatos para la CSI sobre la implementación de los ODS en España demuestra que queda un largo camino por recorrer para su cumplimiento

La semana pasada el Gobierno aprobó la Estrategia de Desarrollo Sostenible (EDS), un documento que establece los retos que debe afrontar el país para avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y las políticas aceleradoras que le permitirán llevar esto a cabo. Este documento, junto con el de España 2050 (Fundamentos y propuestas para una Estrategia Nacional de Largo Plazo) y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, constituye la hoja de ruta sobre la que asentar la reconstrucción de la economía y la sociedad de cara a los próximos años.

Sin duda, de los tres planes estratégicos presentados, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ocupa un lugar clave al ser el que, tras la aprobación por parte de la UE, permitirá acceder a unos fondos que materializarán las políticas de reconstrucción. Desde USO nos sumamos a otras voces de la sociedad civil en la demanda de una alineación de los planes de recuperación con la EDS: ninguna recuperación tendrá lugar si no se ajusta -como mínimo- a las metas que la ONU estableció en 2015 con la aprobación de la Agenda 2030.

Otro aspecto a resaltar acerca de los planes estratégicos elaborados por el Gobierno es el nivel de consulta y participación con que han contado en su elaboración. De este modo, la Estrategia de Desarrollo Sostenible ha sido sometida a votación por un total de 60 organizaciones de la sociedad civil, a través del órgano consultivo dependiente del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030: el Consejo de Desarrollo Sostenible. Este órgano, en el que USO cuenta con una vocalía, aprobó el documento por mayoría, con el voto favorable de nuestro sindicato, respaldando una estrategia que se aproxima de manera más realista a las necesidades de la sociedad en materia social, laboral o medioambiental.

La implementación de los ODS en España, poco transparente

El proceso de implementación de los ODS en España todavía sufre de un bajo nivel de transparencia como señala un informe elaborado por los sindicatos para la Confederación Sindical Internacional (CSI), de la que USO es miembro.

En particular, en lo que respecta al nivel de implementación de los ODS este debería acreditarse mediante un informe de ejecución presupuestaria que incluya indicadores para medir el impacto. También es necesario establecer un cauce de diálogo exclusivo y de amplio espectro entre Gobierno y sindicatos para valorar los indicadores.

Los datos recabados en el informe muestran el largo camino que aún falta por recorrer para alcanzar el cumplimiento de los ODS. Estas, y otras demandas, serán las que presenten los sindicatos al Gobierno, de cara al próximo Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible (FPAN) de la ONU que se celebra en la primera quincena de julio.

España evaluada por la ONU

Este Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible (FPAN) servirá para abordar en qué punto se encuentra la implementación de los ODS en cada país. Para ello, varios países -entre ellos España- se someten a un Examen Nacional Voluntario para realizar un seguimiento y observar la evolución en el cumplimiento de los ODS. El último Examen Nacional Voluntario que entregó España fue en 2018 y ya evidenció la situación en que se encontraba el país en cuanto a las múltiples manifestaciones de la pobreza, las desigualdades, el desempleo y la degradación del medio ambiente.

La mayoría de los datos recabados por los tres sindicatos españoles integrados en la CSI -USO, CCOO y UGT- pertenecen al periodo anterior a la pandemia, y ya entonces mostraban una situación preocupante. Las medidas adoptadas por el Gobierno han ido destinadas a suavizar el impacto de la crisis, pero no logran revertir la situación de degradación social y laboral provocada por los ajustes y la precarización que causaron las políticas adoptadas tras la crisis financiera de 2008.

A pesar de que el Gobierno cuenta con un órgano de consulta y diálogo como es el Consejo de Desarrollo Sostenible, del cual se han autoexcluido UGT y CCOO, es necesario reforzar la perspectiva sindical en el cumplimiento de la Agenda 2030. Un aspecto este último que concuerda con la reivindicación histórica de USO de ampliación del diálogo social, siendo necesario que España se adapte a una democracia del siglo XXI: plural, abierta y participativa.

Los resultados del análisis

El análisis de los sindicatos evalúa la situación de los trabajadores en España a través de varios ODS relacionados con la pobreza, la igualdad de género, el trabajo decente, la desigualdad económica, la transición justa y el respeto a sus libertades fundamentales.

Relativo al ODS 1 (“Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo”), el informe alerta del incremento de la pobreza entre los trabajadores. Ha aumentado un 16% entre 2010 y 2019. A pesar de los avances en la subida del SMI, siguen siendo necesarias medidas para atajar la pobreza laboral que en 2019 afectaba al 12,8% de las personas ocupadas. Así, USO considera imprescindible que no se paralice la subida del SMI y alcance el 60% del salario medio para antes de que finalice la legislatura.

En cuanto a las medidas destinadas a paliar la pobreza severa, desde el Gobierno se aprobó el Ingreso Mínimo Vital hace un año; un instrumento necesario desde hacía tiempo que, sin embargo, ha resultado decepcionante por las serias trabas de acceso que presenta.

En cuanto a la meta 5.5 (“Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles”), la situación en España presenta una clara diferenciación en cuanto a las condiciones de trabajo para hombres y mujeres. A pesar de que hay más mujeres con el máximo nivel educativo, estas trabajan en condiciones de mayor precariedad; asumen en mayor proporción jornadas parciales, contratos temporales, reducciones de jornada, menores salarios, etc.

Relativo al ODS sobre el trabajo decente, los datos oficiales muestran que el 11% de las personas trabajadoras tienen un empleo vulnerable. Se estima que la mitad de los trabajadores tienen un empleo precario derivado de contratos temporales, jornadas parciales o bien por ser falsos autónomos. En lo que respecta al desempleo, este se encuentra especialmente disparado entre los jóvenes con una tasa del 37,7% en los menores de 25 años, siendo la más alta de Europa.

Las medidas destinadas a combatir la desigualdad a través de la adopción de políticas fiscales, salariales y de protección social (meta 10.4) siguen siendo insuficientes. En 2017, el 10% superior de los ingresos representaba el 25,4% del PIB total; mientras que el 20% con ingresos más bajos suponía el 6,2%.

En aquellas metas en las que España muestra una mejoría son las relacionadas con el cambio climático (meta 13.2), con la aprobación de leyes y planes para la transición justa; y la protección de las libertades fundamentales (meta 16.10), con la reciente derogación del artículo 315.3 del código penal que criminalizaba el ejercicio del derecho de huelga.

Medidas a adoptar por el Gobierno

La información recabada dibuja un escenario preocupante para que pueda darse una recuperación real de la crisis, que tenga como horizonte el cumplimiento de los ODS. Los sindicatos instan al Gobierno a adoptar una serie de cambios en su política como:

  • Reorientar el modelo productivo y de relaciones laborales: reforzar los marcos jurídicos que garantizan salarios y condiciones laborales que permiten una vida digna, asegurando la negociación colectiva, el derecho a la sindicación y la igualdad de género; crear marcos para reconocer y valorar el trabajo de cuidados, y políticas públicas que impulsen la corresponsabilidad entre hombres, mujeres, empresas y administraciones públicas.
  • Fortalecer el Estado de bienestar: construir un sistema sólido de protección social, aumentando la inversión pública y asegurando el acceso universal a la sanidad, la vivienda digna y la educación pública de calidad; rentas mínimas garantizadas y un sistema de pensiones público que corrija la brecha de género.
  • Reformar el sistema fiscal: elevar el nivel recaudatorio reubicando mayor esfuerzo fiscal hacia la acumulación de riqueza y capital; bajar la fiscalidad a los bienes de primera necesidad y alimentos frescos y eliminar el sesgo de género del sistema tributario; asegurar que el sistema fiscal acompaña la transición ecológica de la economía.
  • Planes de recuperación orientados al crecimiento económico sostenible con generación de empleos de calidad: derogar las reformas laboral y de pensiones de 2013; mejorar la gestión y alcance del Ingreso Mínimo Vital; priorizar el Plan de Choque por el Empleo Joven.
  • Ejercer políticas estratégicas que permitan a otros países avanzar en el desarrollo sostenible.